JOSÉ MARÍA ALONSO PUIG, El País, 09/10/2011
Martes 11 de octubre de 2011, por Carlos San Juan
La calidad de la organización y gestión de las Administraciones Públicas influye decisivamente en la calidad y eficiencia de todo el sistema económico y social. En España, en estos momentos, los desajustes y las ineficiencias del modelo autonómico y local están planteando enormes dificultades a la economía.
Las Administraciones territoriales gestionan en la actualidad cerca del 50% del gasto público total, por lo que su actuación tiene una enorme trascendencia para la constitución de un marco de estabilidad macroeconómica. La eficiencia de dicha actuación, tanto en la provisión de servicios públicos como en la delimitación del marco regulador, es determinante de las condiciones en que han de operar los hogares y las empresas. Sin embargo, los españoles perciben, cada vez con mayor nitidez, la mala gestión que hace la Administración de la oferta de servicios y prestaciones públicas.
Deberíamos exigir a nuestras administraciones una total transparencia y la sujeción a requisitos de rendición de cuentas, como parte ineludible del mandato que les otorga legitimidad en un sistema democrático. En su documento Administraciones territoriales: propuestas para la mejora de la eficiencia y de la unidad de mercado, el Círculo de Empresarios propone medidas para abordar este problema en tres direcciones.
La primera de ellas, en la corrección de la laxitud presupuestaria con que funcionan algunas Administraciones territoriales. Vivimos una situación que podríamos calificar de disciplina presupuestaria blanda. Esta se caracteriza porque las comunidades autónomas y los ayuntamientos gastan con cierta alegría habiéndole perdido el respeto al endeudamiento. Piensan que, en algún momento, a la Administración central no le quedará más remedio que asumir el déficit. Por eso, una de las medidas que nosotros proponemos es que las sanciones que le lleguen al Estado central desde la Unión Europea sean repercutidas a las Administraciones territoriales. Estas tienen que ser conscientes de que si se endeudan más de lo que pueden, si gastan más de lo que ingresan, deberán asumir sus responsabilidades, bien por la vía de la reducción de su capacidad de emisión de deuda pública, bien por cualquier otro procedimiento.
Son necesarios mecanismos disciplinadores por el lado del gasto, de los ingresos y de la deuda. La distribución de los recursos debería hacerse en función de reglas claras, no sujetas a interpretaciones interesadas y no modificables en atención a demandas de Administraciones en dificultades por indisciplina fiscal. Hay que asegurar la suficiencia financiera de las Administraciones territoriales, pero es preciso que cada administración rinda cuentas ante la ciudadanía de sus partidas de gastos e ingresos. Podrán gastar más en la medida en que puedan generar más ingresos, respondiendo ante la ciudadanía tanto por el gasto realizado como por la presión fiscal creada.
Las reformas que el Círculo propone deberían ir en la línea marcada desde la Unión Europea, en cuyo seno se está llevando a cabo una discusión con profundidad sobre cómo mejorar el gobierno de la política económica en Europa. De la misma forma que la Ley de Estabilidad Presupuestaria recogió reglas para el equilibrio presupuestario de las Administraciones Públicas de nuestro país conforme al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, habría que establecer nuevas reglas y mecanismos en ese mismo marco legal que permitan ajustar al nuevo marco europeo toda la política fiscal y presupuestaria, incluidas las comunidades autónomas.
Esto podría hacerse reforzando el papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la coordinación de la política fiscal o creando un organismo fiscal independiente que vele por la transparencia y el cumplimiento de los límites establecidos.