Austeridad es uno de los vocablos más invocados en las discusiones de política económica, en especial desde el inicio de la crisis de la deuda pública en la eurozona. Es en gran medida representativo de la imprecisión, cuando no la manifiesta equivocidad, que el lenguaje común sufre cuando en ocasiones se lo apropia una retórica económica de conveniencia, excesivamente ideologizada.

De las dos acepciones que ofrece la Real Academia Española (RAE) del término austeridad, la primera se refiere a la calidad de austero: a la sencillez y a la sobriedad. Se hace difícil cuestionar la traslación de rasgos tales a la conducción de los asuntos económicos, públicos y privados. Pero una cosa es renunciar a lo superfluo, que es lo que aconseja la sobriedad, y otra hacerlo con lo esencial: con aquellas inversiones cuyo sacrificio puede hipotecar el crecimiento económico futuro y las condiciones de vida de la población. Los costes de esa renuncia son mayores cuando las amenazas recesivas son tan explícitas como las que pesan sobre la eurozona. Prescindir de la capacidad de las instituciones económicas y de los Gobiernos para evitar males peores, en términos de contracción del crecimiento y aumento del desempleo, puede constituir un costoso error de política económica.

Es la segunda acepción que nos ofrece la RAE -"mortificación de los sentidos y pasiones"- la que refleja en mayor medida lo que están consiguiendo las políticas económicas restrictivas de los Gobiernos y autoridades europeas. Esos sacrificios excepcionales no están obteniendo las compensaciones prometidas. No se ha fortalecido la confianza de los agentes económicos, y las cotizaciones de los bonos públicos y de las acciones sufren una volatilidad sin precedentes. Los mercados financieros parecen ser ahora muy sensibles a las posibilidades de crecimiento económico y, en última instancia, a la capacidad política para responder de forma conjunta a las amenazas que pesan sobre la viabilidad de la eurozona.

En el lenguaje actual de la política económica, austeridad significa consolidación fiscal: reducción de gasto público de todo tipo e incremento de impuestos. En el contexto de la crisis de la deuda soberana de la eurozona, las apelaciones a la austeridad están prioritariamente orientadas a conseguir el favor de los mercados, a restaurar la calma previa al rescate de Grecia. Hace apenas dos meses, el ministro de finanzas alemán, en un artículo de expresivo título (Why Austerity is the Only Cure for the Eurozone, Financial Times, 5 de septiembre) seguía insistiendo en esas políticas fiscales procíclicas. Con ellas se frena la recuperación económica, contrariamente a lo que defendían las tesis de la austeridad expansiva.

Sujeta a condiciones no poco limitativas, la proposición fundamental de ese enfoque de enunciado aparentemente contradictorio nos dice que las decisiones restrictivas sobre las finanzas públicas pueden llegar a generar confianza suficiente en los agentes como para propiciar la recuperación del crecimiento económico. Esa defensa de las consolidaciones fiscales expansivas tiene en los trabajos del profesor de Harvard Alberto Alesina sus exponentes más representativos. El realizado con Silvia Ardagna (Large Changes in Fiscal Policy: Taxes Versus Spending, NBER, octubre 2009) ha llegado a considerarse una suerte de desautorización de los planteamientos más genuinamente keynesianos.

El respaldo empírico, sin embargo, no parece suficiente. De hecho, un trabajo reciente de un autor hasta ahora considerado defensor de recortes significativos en el gasto público, Roberto Perotti (Austerity Myth: Gain Witout Pain?, junio 2011), matiza conclusiones de trabajos anteriores, incluido alguno suyo con el propio Alesina. Admite la pertinencia de algunas de las críticas metodológicas a esos estudios que defienden el potencial expansivo de la austeridad. Las más relevantes de esas objeciones las aporta el departamento de investigación del FMI, dirigido por el profesor del MIT Olivier Blanchard.

Desde la base de muy respetables documentos de investigación, algunos comentados en este mismo suplemento (Revisionismo macroeconómico, 28 de febrero de 2010), el FMI ha formulado sus recomendaciones de política económica de forma explícita. En el informe de perspectivas económicas del pasado año (WEO, octubre 2010, capítulo 3) dejaba lugar a pocas dudas acerca de los peligros derivados de la aplicación en los momentos actuales de decisiones de consolidación fiscal. En su último informe sobre Europa (Europe Navigating Stormy Waters, octubre 2011) se advierte de que "los objetivos de déficit nominal no deben conseguirse a expensas de correr el riesgo de una contracción generalizada de la actividad económica". La significación de esas prescripciones es tanto más significativa cuanto más contrasta con la tradición de la institución: sus iniciales en inglés, IMF, referían irónicamente a ese It’s Mostly Fiscal consecuente con la obsesión del pasado por aplicar terapias de consolidación fiscal con bastante independencia de la naturaleza de la crisis.

La evidencia acerca del potencial expansivo de la inversión pública, neutralizador de las peores consecuencias de una recesión, se ha visto ampliada por diversos trabajos. Uno de ellos, resumido en VoxEu (Almunia, Miguel, Agustín S. Bénétrix, Barry Eichengreen, Kevin H. O’Rourke, Gisela Rua, The effectiveness of fiscal and monetary stimulus in depressions, VoxEU.org, 18 noviembre de 2009), analiza históricamente los efectos de estímulos en entornos caracterizados por la existencia de tipos de interés próximos a cero, sistemas bancarios disfuncionales y elevada aversión al riesgo. La conclusión es que la política fiscal es efectiva.

Esa efectividad del activismo fiscal durante una recesión ha encontrado evidencia más reciente en la investigación de Alan J. Auerbach y Y. Gorodnichenko (Fiscal Multipliers in Recession and Expansion, NBER, septiembre de 2011), que confirma el valor significativo de los multiplicadores del PIB del gasto público en fases recesivas. Se concluye también que los efectos potencialmente adversos de esos estímulos fiscales, tales como el aumento de la inflación, son mucho menos probables en esas circunstancias. Contribuciones adicionales como las de Paul de Grauwe -además de respetado académico, parlamentario liberal belga durante diez años- también aconsejan no atrincherarse en posiciones fundamentalistas en relación con las finanzas públicas en circunstancias tan excepcionales como las actuales.

Recapitulemos. La sobriedad, la eliminación de lo superfluo, siempre ha de ser bienvenida. Su ejercicio en todas las organizaciones, privadas o públicas, es ejemplificador y sano. La austeridad mal entendida es aquella que obliga a soportar penalizaciones innecesarias. Es el caso de los procesos de consolidación fiscal aplicados a economías deprimidas de la eurozona. Sus efectos favorables sobre la confianza de los agentes económicos, incluidos los inversores de bonos, han quedado en entredicho. Contraer la inversión pública de forma indiscriminada y simultáneamente en todos los países de la eurozona es un error, tanto mayor cuanto menor sea el crecimiento económico, más elevado el desempleo y reducido el stock de capital que fortalece la capacidad competitiva de las economías.

Supuesta la capacidad y voluntad políticas para adoptarlas, en el conjunto de la eurozona serían compatibles decisiones inmediatas de estímulo con la credibilidad de los propósitos de saneamiento de las finanzas públicas a medio plazo. De no ser así, una nueva recesión, o la excesiva prolongación del estancamiento, aumentarían el componente estructural del actual desempleo al tiempo que seguiría erosionando el crecimiento potencial de las economías más dañadas. La coexistencia de recesión con tensiones en los mercados de bonos públicos dotaría de virtualidad a escenarios radicales, como el asociado a la fragmentación del euro. No hace falta decir que tampoco sería el más favorable para que cobren los inversores en bonos públicos: aquellos a los que la mal entendida austeridad trata de complacer.