La reforma laboral no es una revolución, ni es tan agresiva como nos avanzaron. Es la terminación de muchos de los pasos que el anterior Gobierno no se atrevió a dar. Ello puede decirse de la eliminación (por fin) del contrato indefinido ordinario anterior, con indemnizaciones de hasta 45 días por año trabajado y 42 mensualidades, y la generalización del existente de fomento del empleo con indemnizaciones de 33 días hasta 24 mensualidades en caso de ser improcedente, y 20 días y 12 mensualidades en caso procedente, acompañado de una definición más clara de las causas objetivas del despido. En esencia, esto no cambia la filosofía y el tronco principal de la normativa anterior, que es la tutela judicial del despido, algo que forma parte de la forma de entender la protección al trabajador en Europa continental, frente a la visión liberal anglosajona. Es, pues, un paso importante que nos alinea con el resto de la eurozona (aún nos quedamos algo altos en materia de despido), pero no es una revolución. Tampoco se ha eliminado la contratación temporal sin causalidad. Por ello seguirá existiendo la excesiva segmentación del mercado laboral, algo que la anterior reforma y la actual querían atajar. Se acaba con la ultraactividad indefinida de los convenios (aunque dos años de prórroga si las partes no llegan a un acuerdo para renovarlos parece mucho), se introducen los cambios contemplados en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva firmado por los sindicatos y la patronal en enero en materia de flexibilidad interna y negociación colectiva (la desvinculación de los salarios del IPC), se refuerza dicha flexibilidad primando los convenios de empresa y las cláusulas de descuelgue, y se presta atención a una asignatura pendiente en las empresas españolas, la formación de sus trabajadores. Todo ello (y más aspectos que en la brevedad de esta página no es posible comentar) son medidas importantes y positivas que no merecen una huelga general, si es que alguien está pensando en ello.