CLAUDI PÉREZ Bruselas, EL PAIS, 19 FEB 2016 - 17:37 CET
Tuesday 23 February 2016, by Carlos San Juan
El capítulo más controvertido del acuerdo es el freno de emergencia que quiere David Cameron: un mecanismo que permitirá a Reino Unido modular las prestaciones a los inmigrantes europeos (complementos a los sueldos más bajos, por ejemplo, o ayudas por hijo) hasta que lleven cuatro años trabajando y cotizando en suelo británico. Para ello, el Estado de bienestar tiene que estar bajo presión: la Comisión Europea asegura que eso ya sucede en el caso británico. Hay varios flecos abiertos: los detalles no se han cerrado aún. El principal es cuántos años podrá aplicarse ese freno de emergencia: Londres quiere que sean 13, otros socios –los del Este, España— quieren limitarlo al máximo y es posible que finalmente el plazo se quede en siete años. Pero quizá lo fundamental es el objetivo de los países del Este de fijar un texto de conclusiones que limite a Reino Unido la posibilidad de discriminar a los trabajadores en función de su pasaporte. El grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) insisten en que los cambios sean aplicados solo a los nuevos trabajadores, no a los que ya tienen contrato en Reino Unido. Alemania insiste en que la modulación de las prestaciones por hijo (si un español trabaja en Londres pero tiene a sus hijos en Madrid cobrará una prestación por hijo en función del nivel de vida en España) no se aplique en otras áreas, como las pensiones.
Londres pretende que en la próxima apertura de los tratados (no antes de 2018) se incluyan los cambios legislativos que se acuerden hoy. Los demás, y en particular Francia, están en contra.
Londres ha obtenido ya la concesión simbólica de no verse concernido por ese leitmotiv. Y quiere además incluirlo en los tratados cuando sea posible. Bélgica, tal vez el país más federalista de la UE, quiere impedir que esa inclusión en los tratados se produzca. Y quiere una redacción de ese asunto seca y sucinta, frente a la que apareció en los primeros borradores.
Francia lleva días rechazando las concesiones a Reino Unido en este espinoso asunto, pero Italia ha sido en la cumbre el país más beligerante al respecto. París y Roma temen que ese capítulo debilite la unión bancaria, y dé a la City, el centro financiero de Londres, ventajas respecto a los bancos continentales por la posibilidad de disfrutar de una regulación más laxa. El ministro de Finanzas, George Osborne, y el Tesoro británico han dejado claro que Londres quiere minimizar la armonización de la normativa financiera.
Londres quiere obligar a reconsiderar la nueva legislación que salga de la Comisión Europea, con un pseudoveto que llevaría esa iniciativa legislativa al Consejo Europeo. La redacción del borrador establece un mínimo del 55% de los Parlamentos para que el Consejo tenga que revisarla, aunque las cifras finales pueden variar.
Francia y Bélgica insistieron ayer en incluir en el texto una cláusula específica que excluya la posibilidad de un segundo referéndum. París quiere evitar que en caso de que venza el no en el referéndum, Londres acuda a Bruselas en busca de un acuerdo aún más beneficioso. Eso podría alterar la campaña del referéndum: supone un incentivo adicional para votar no con la promesa de una nueva renegociación, que además deje abierto el capítulo del Brexit (un riesgo más de los muchos que azotan a la UE) durante mucho tiempo.