COAG, Coordinadora de Agricultores y Ganaderos, 26/06/2013
Miércoles 26 de junio de 2013, por Carlos San Juan
COAG considera la nueva PAC especialmente negativa para el modelo social y profesional de agricultura, estratégico para nuestro país. Se pierde una ocasión histórica para defender al agricultor activo como principal beneficiario de las ayudas comunitarias
Valoración general
Frente al triunfalismo del Ministro Arias Cañete, COAG considera que la reforma de la PAC aprobada sigue siendo muy lesiva para los profesionales del campo, y especialmente negativa para el modelo social y profesional de agricultura, estratégico para nuestro país.
Se reduce el presupuesto comunitario para la PAC y por tanto las ayudas.
Se desmantelan las medidas de regulación de mercado y el principio de preferencia comunitaria, eliminando cuotas de producción y derechos de plantación.
Se desaprovecha la ocasión para defender al agricultor activo como principal destinatario de las ayudas, al ser el verdadero profesional de la agricultura, generador de empleo y desarrollo en el medio rural.
Se establece un nuevo sistema de pagos que favorece a los que más hectáreas tienen y no a los que producen.
Con menos presupuesto, se aumentan las obligaciones para el cobro de las ayudas aplicando un falso “verdeo” de la PAC.
Se reducen las ayudas por hectárea y por activo, por efecto de la reducción presupuestaria y el sistema de capas.
Se elimina el tope de ayudas por explotación para los grandes perceptores, favoreciendo una vez más a los que más cobran.
Se corre el riesgo de desmantelamiento de un sector, el agrario, estratégico para nuestra economía, toda vez que es la base de nuestra producción alimentaria y que genera empleo y otros bienes públicos (gestión del territorio, medio ambiente, etc.) en el medio rural, que atraviesa a su vez una grave crisis de envejecimiento y despoblación.
En definitiva un agricultor español seguirá recibiendo un 69% menos de ayudas PAC que un francés, un alemán o un británico.
La nueva PAC llega con una reducción presupuestaria en términos reales del 13% en relación al ejercicio presupuestario 2007-2013. Además, contra lo defendido por el Ministro, la aplicación del principio de disciplina financiera provocará un recorte del 5% en las ayudas PAC para 2013, un nuevo recorte del 6% en 2014, reducciones que podrían continuar en las siguientes campañas.
La nueva PAC se centra fundamentalmente en la política de ayudas, a costa de desmantelar los instrumentos de regulación de los mercados y la preferencia comunitaria. Esta desregulación es muy grave porque el 75% de los ingresos de los agricultores vienen vía precios y por lo tanto del mercado.
La eliminación de las medidas de control de los mercados va a favorecer la volatilidad de los precios y por lo tanto la caída de rentas agrarias
El desmantelamiento de la preferencia comunitaria tiene como objetivo favorecer los acuerdos preferenciales con países terceros ( Marruecos, países del Magreb,etc… o el acuerdo transatlántico con EE.UU que se está empezando a negociar con cierto ocultismo).
Estos acuerdos pueden favorecer la especulación en determinado sectores económicos pero el sector agrario lo puede pagar caro, al ser utilizado como moneda de cambio en las negociaciones. Este desmantelamiento de la preferencia comunitaria pone en peligro los principios de soberanía y seguridad alimentaria, corriendo grave riesgo de dependencia alimentaria de los mercados especulativos, generando una crisis alimentaria que pagarían los consumidores en general y en particular, las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad afectadas además por la actual crisis económica.
Desaparecen en la práctica los sistemas de intervención y no se actualizan los precios de los mismos, haciendo totalmente inoperante el sistema. El incremento de los costes de producción ha dejado obsoletos los precios de referencia utilizados.
Es alarmante la eliminación de los sistemas de cuotas de producción y derechos de plantación. La cuotas lácteas desaparecerán en 2015, las de remolacha azucarera en 2017, lo que significa un duro golpe para estos sectores, que corren el riesgo de desaparecer en nuestro país. Se aumentarán los excedentes de producción de leche en Centroeuropa, con la consiguiente caída de precios en origen y el cierre de explotaciones en España. En remolacha, aboca al cultivo a la práctica desaparición en nuestro país.
En el caso de los derechos de plantación de viñedo, se permitirá un incremento anual del 1% de las actuales plantaciones. Esta iniciativa provocará excedentes de producción que presionarán a la bajo de los precios de la uva y la consiguiente pérdida de renta para los viticultores profesionales.
Además, es gravísima la pérdida del valor patrimonial de los derechos en vino y leche, sin ningún tipo de indemnización.
Se produce un retroceso en la definición de agricultor activo, eliminando incluso la propuesta de la Comisión que establecía un umbral del 5% de ayudas respecto al total de ingresos. Ahora la propuesta se limita exclusivamente a un listado de no perceptores, que de hecho ya se recogió en los reglamentos del chequeo de la PAC y nunca se puso en práctica.
Es escandaloso que la declaración de actividad se limite a evitar que las ayudas PAC sean percibidas por aeropuertos, ferrocarriles, campos de golf, etc que cualquiera puede suponer que no deben cobrarlas en ningún caso. Por lo tanto, no se aprueba ninguna definición de agricultor activo y por lo tanto, nada acerca a esa figura de agricultor activo al agricultor profesional que COAG reivindica.
Es inaceptable que en España se beneficien de las ayudas PAC 910.000 perceptores siendo profesionales cotizantes a la Seguridad Social Agraria 350.000. Con esta nueva Reforma se perpetúa una situación tan descabellada.
Aunque se ha flexibilizado sustancialmente la propuesta de tasas plana presentada por la Comisión, el sistema sigue siendo rechazable por COAG, porque establece unas ayudas aún más vinculadas a la hectárea que favorecen a los que más hectáreas tienen y no a los profesionales. Además, este sistema de ayudas absolutamente vinculadas a la hectárea perjudica especialmente a los ganaderos que disponen de menos tierra.
Aunque se flexibilizan las condiciones para el cumplimiento del verdeo respecto a la propuesta de la Comisión, esta capa que representa el 30% de los pagos directos, es un mero escaparate, una burocratización mediática de las ayudas que no aporta especiales ventajas medio ambientales, pero que sin embargo exige mayores obligaciones para los profesionales, mayores costes de producción y mayor riesgo de pérdida de ayudas.
Ahora, además de la rigurosa condicionalidad general (bienestar animal, trazabilidad, condiciones de cultivo, etc.) se nos exigen nuevas condiciones incluso reduciendo las ayudas. Se nos exige más por menos.
COAG apoya decididamente las ayudas especiales a agricultores jóvenes, así como un nivel alto de acoplamiento de las ayudas del primer pilar, pero estas capas de ayuda deberían venir acompañadas de un aumento del presupuesto de pagos directos.
Por el contrario, los presupuestos se reducen y estas capas especiales suponen un recorte de las ayudas para el conjunto de los agricultores y ganaderos profesionales.
El Ministro de Agricultura está vendiendo mediáticamente como buena medida que los pequeños agricultores (los que perciben menos de 1.250 € anuales y que son 407.000 perceptores) van a disponer de un régimen especial sin que se les aplique la convergencia, ni la obligación de cumplir con la condicionalidad ni con el greening.
COAG denuncia que el 70% no son pequeños agricultores, sino pequeños perceptores, es decir, no son profesionales y por lo tanto perceptores ajenos al sector agrario. Este régimen especial supone 600 millones €.
Ha sido suprimida esta medida de límite máximo de percepción de ayudas por explotación. La Comisión Europea planteaba un recorte a partir de 150.000 € y un límite total de ayuda de 300.000 €. COAG proponía situar dicho límite en 100.000 €. Esto ha sido suprimido en las negociaciones y se ha introducido un elemento mucho más liberal de un 5% de reducción a partir de 150.000 €, eliminando el techo de ayudas.
Intencionadamente el Ministerio mezcla modulación con techos por explotación. La modulación (recorte de las ayudas) ya no se contemplaba por parte de la Comisión Europea, lo que sí se proponía era el techo o límite de ayudas por explotación que es lo que se ha eliminado en las negociaciones.
Medidas de mercado
Mejora sustancial de la Ley de Mejora de Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, en tramitación parlamentaria, como venta a pérdidas, mediador, negociación colectiva, seguridad jurídica frente a las actuaciones de la CNC, competencias de organizaciones interprofesionales, etc.
Puesta en marcha de nuevas medidas regulatorias para las producciones lácteas tras la eliminación de las cuotas.
Regulación pública de las concesiones administrativas en viñedo, limitando al máximo las autorizaciones y en todo caso, limitadas a los profesionales del sector vitivinícola.
Control estricto de los acuerdos con países terceros para evitar los incumplimientos y la competencia desleal.
Pagos directos
Agricultor activo. Avanzar en la definición de agricultor activo, que debe ser equivalente a profesional de la agricultura, estableciendo asimismo criterios de actividad mínima en las explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas. Complementar el listado comunitario de no perceptores mediante la exclusión de las ayudas a los titulares que no tengan una actividad agraria significativa. Se trata de conformar en nuestro país un modelo social de agricultura con proyección de futuro que sea el objeto y destinatario de las ayudas de la PAC.
Pago base y convergencia interna. Entendemos prioritaria la aplicación de una regionalización basada en criterios agronómicos, económicos, sociales y productivos en la aplicación del nuevo régimen de pago básico. A diferencia de otros planteamientos, no pretendemos con ello consolidar el actual sistema histórico en el que se basa la aplicación del RPU en el Estado Español, sino garantizar la viabilidad económica y el mantenimiento del potencial productivo de todos los sectores agrícolas y ganaderos y de los diversos territorios y sistemas de producción. Ningún agricultor o ganadero debería verse abocado a abandonar la actividad como consecuencia de las distorsiones provocadas por la aplicación del nuevo régimen RPB.
Ayudas acopladas. Somos partidarios de que el Estado Español utilice el mayor porcentaje posible de pagos voluntarios acoplados (15% del sobre). Es el único instrumento que nos permitirá apoyar a sectores en peligro de desmantelamiento y abordar crisis sectoriales, por lo que resulta esencial.
Aplicación del esquema para los agricultores jóvenes para favorecer el relevo generacional y el rejuvenecimiento del sector agrario.
Ganadería con escasa base territorial. Aplicación de los márgenes que permiten los reglamentos comunitarios para evitar pérdidas de renta de las explotaciones profesionales afectadas, ya sea a través de la asignación de derechos de pago básico o bien, mediante ayudas voluntarias acopladas.
Régimen de pequeños productores. Queremos que se asegure que estos pequeños productores también son activos profesionales. Las ayudas de los que no lo sean, pueden utilizarse, por ejemplo para la línea de ayudas acopladas a sectores de producción.
Desarrollo Rural
Pedimos que se compagine el programa estatal con programas regionales, de forma que se eviten pérdidas de recursos y cofinanciación comunitaria.
Exigimos decididamente el cumplimiento de la cofinanciación comprometida por CCAA y el Estado para las políticas de Desarrollo Rural, apostando prioritariamente por la instalación de agricultores jóvenes, medidas agroambientales, inversiones en explotaciones, regadíos, etc. a favor de los profesionales del sector.
Rechazamos los trasvases de fondos entre pilares.