A raíz de la crisis económica y el rápido aumento de los niveles de déficit y deuda pública en la mayoría de los países, se ha reabierto el debate, sobre todo en Europa, acerca de la importancia de acometer reformas institucionales de calado que garanticen el mantenimiento de posiciones presupuestarias compatibles con la estabilidad macroeconómica, es decir, una hacienda pública que no ponga en riesgo la solvencia del Estado (sostenibilidad de la deuda pública), que tenga un signo contracíclico, y que cuente con margen para hacer frente a shocks inesperados, como los derivados de la inestabilidad fi nanciera, así como para afrontar los requerimientos de gasto a largo plazo debidos al envejecimiento de la población. En última instancia, se trataría de limitar la discrecionalidad de los Gobiernos en materia presupuestaria para evitar el sesgo que parece constatarse en la política fiscal hacia el aumento del défi cit y la deuda pública, incluso en épocas de expansión, debido al sistema de incentivos asociados al ciclo político y, en general, a la miopía a largo plazo de los votantes respecto a las decisiones presupuestarias.