Se reduce el presupuesto comunitario para la PAC y por tanto las ayudas.

 Se desmantelan las medidas de regulación de mercado y el principio de preferencia comunitaria, eliminando cuotas de producción y derechos de plantación.

 Se desaprovecha la ocasión para defender al agricultor activo como principal destinatario de las ayudas, al ser el verdadero profesional de la agricultura, generador de empleo y desarrollo en el medio rural.

 Se establece un nuevo sistema de pagos que favorece a los que más hectáreas tienen y no a los que producen.

 Con menos presupuesto, se aumentan las obligaciones para el cobro de las ayudas aplicando un falso “verdeo” de la PAC.

 Se reducen las ayudas por hectárea y por activo, por efecto de la reducción presupuestaria y el sistema de capas.

 Se elimina el tope de ayudas por explotación para los grandes perceptores, favoreciendo una vez más a los que más cobran.

 Se corre el riesgo de desmantelamiento de un sector, el agrario, estratégico para nuestra economía, toda vez que es la base de nuestra producción alimentaria y que genera empleo y otros bienes públicos (gestión del territorio, medio ambiente, etc.) en el medio rural, que atraviesa a su vez una grave crisis de envejecimiento y despoblación.

 En definitiva un agricultor español seguirá recibiendo un 69% menos de ayudas PAC que un francés, un alemán o un británico.